EN LO MISMO

NO es Alan Damian quien lo dice, es el Banco Mundial quien atribuye a los biocombustibles la mayor parte del alza de los alimentos; pocos saben que, a pesar de que comenzaron a atraer la atención de la prensa hace sólo tres años, la presencia de los biocombustibles en la industria energética data desde principios de siglo, cuando Henry Ford y Rudolph Diesel diseñaron autos para funcionar con bioenergía y países como Inglaterra y Alemania se encargaron de comercializar una mezcla de petróleo y biocombustible antes del comienzo de la Segunda Guera Mundial.
Pero antecedentes como estos, que parecen tan anecdóticos, son sólo el punto de partida de un complejo escenario energético que los tiene como protagonistas de una historia en la que no figuran precisamente como “los héroes”. Al menos esta es la conclusión que se desprende del estudio del Banco Mundial (BM) “A Note on Rising Food Prices” (“Un apunte acerca de los crecientes precios de los alimentos”). El análisis, dirigido por el economista Don Mitchell, establece que entre un 70% y un 75% del incremento de precios de las materias primas alimentarias tiene como causa directa la producción de biocombustibles y está vinculado a las bajas existencias de granos a actividades especulativas y a vedas a la exportación de alimentos.
En cuanto al 25% de las causas restantes, estas responderían a un dólar debilitado y a los mayores costos de la energía, así como de los fertilizantes y el transporte, agrega Mitchell. Una copia incompleta de la investigación que apareció en notas de la prensa despertó un debate candente previamente en julio porque indicaba un impacto mayor de los biocombustibles -biodiésel y bioetanol– en los crecientes precios de los alimentos que la mayoría de las otras estimaciones.
"Los grandes aumentos de la producción de biocombustibles en Estados Unidos y en la Unión Europea fueron respaldados por subsidios, leyes y aranceles a las importaciones," afirmó Mitchell en la investigación que estudia la rápida escalada de los precios de los alimentos registrada desde 2002. "Sin esas políticas, la producción de biocombustibles habría sido menor y los incrementos de los precios de las materias primas alimentarias habrían sido más pequeños," añadió.
Mitchell, ampliamente respetado por su trabajo en políticas agrícolas globales, sostuvo que las políticas de biocombustibles que alientan la producción subsidiada necesitan ser reconsideradas. El analista dijo que el incremento en el consumo de granos en los países en desarrollo era moderado y que no generaba los grandes aumentos de los precios.
De hecho, el alza en el consumo global de granos correspondiente al período 2000-2007 (y que excluye la producción de biocombustibles) fue de sólo 1,7% anual, mientras que los rendimientos crecieron en un 1,3% y la superficie cultivada aumentó en un 0,4%, lo que habría mantenido a la oferta y la demanda global en un equilibrio aproximado, explicó Mitchell.
Etanol brasileño, libre de culpa. En el análisis del BM se consigna que cerca del 7% de la oferta mundial de aceite vegetal fue destinada a producir biodiésel en 2007 y que un tercio del aumento en el consumo de aceites vegetales entre 2004 y 2007 fue provocado por la producción de biodiésel. De hecho, el uso de aceite vegetal para fines industriales aumentó en 15% entre 2004 y 2007, comparado con apenas un 4,2% de aumento en el uso de aceite vegetal como alimento.
Pero a diferencia del biodiésel (producido precisamente a partir de aceites vegetales), el bioetanol (producido a partir de caña de azúcar) no ha contribuido considerablemente al reciente aumento en los precios de los alimentos, dice el estudio del BM. El organismo financiero libera de culpa especialmente al etanol brasileño porque “mientras la producción de caña de azúcar en el país sudamericano aumentó de 17,1 millones de toneladas en 2000 a 32,1 millones de toneladas en 2007, las exportaciones de caña de azúcar brasileñas registraron un alza desde 7,7 millones de toneladas en 2000 a 20,6 millones de toneladas en 2007”.
Como consecuencia de este aumento en sus exportaciones de caña de azúcar, Brasil ha aumentado su cuota de mercado en las exportaciones mundiales de caña de azúcar desde 20% en 2000 a 40% en 2007 y “esta tendencia ha permitido sólo pequeñas alzas en los precios de la caña de azúcar a nivel mundial”, establece el estudio del BM.
Pero la situación del etanol proveniente de caña de azúcar brasileña es sólo la excepción a la regla, asegura la investigación del economista Donald Mitchell. En el mediano plazo, la expectativa es que “los precios de los alimentos continúen en alza, a menos que las cosechas de granos también aumenten y eso sólo se sabrá con claridad a comienzos de octubre, cuando termine el verano en el hemisferio norte”.
En todo caso, algunos esfuerzos ya se ven en el horizonte y, entre ellos, el Banco Mundial destaca el intento de agricultores estadounidenses y europeos por sembrar más plantaciones de soja, menos de maíz y por aumentar las plantaciones de trigo entre 2008 y 2009, como una forma de paliar los altos precios de los alimentos, los altos costos de las cosechas y una necesaria alternancia en los cultivos para evitar que que la oferta de alimentos no se agote.

REPRESENTACION POLITICA.

El dia de ayer tuve la oportunidad de asistir por primera vez a mis clases de diplomado en Etica y Sociedad Dictado por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya; ala que fui cordialmente invitado por una buena amiga. Es en esta primera reunion que tuve la oportunidad de conocer a unas de las luminarias de nuestra generacion que hace las veces de moderador de debates; como todos ya sabran, mi filiacion "dogmatico partidaria" (aprista) no me permitio estar de acuerdo en todas las hipotesis planteadas acerca del discurso presidencial, es en este afan, que se fue dilatando placenteramente el tiempo que no supimos calcular y dejamos circular sin piedad.
Es asi que compugnado por la premura del tiempo y a la vez fortalecido por la satisfacion de haber encontrado por fin un grupo JOVEN interesado en la problematica nacional que acordamos nuestra proxima reunion no sin antes dejarnos la tarea de la semana, que aqui pongo a disposion de ustedes para sus comentarios y criticas.

REPRESENTACION POLITICA

I. SIGNIFICADOS DEL CONCEPTO.

El concepto de r. p., por tanto en sus implicancias teóricas como en sus traducciones prácticas, es sin duda uno de os elementos clave de la historia política moderna. Sin embargo, si al menos en las democracias occidentales la opinión corriente está en general de acuerdo en identificar en las asambleas par­lamentarias periódicamente elegidas la expresión concreta de la representación, el contenido exacto de este concepto sigue siendo bastante más controvertido. De este hecho se puede dar una doble explicación. Antes que nada es necesario tener presente el itinerario histórico de la representación. Frente a los significativos cambios ocurridos en las otras instituciones políticas (en particular en los ejecutivos) y en todo el sistema político, ella presenta en cambio, aun junto a innovaciones de importancia (el fin de fa representación por clases, el sufragio universal, la presencia de los partidos de masas), importantes elementos de continuidad que, en casos como el inglés, se remiten directamente al Medioevo. Esto implica necesariamente un cambio a el tiempo de la "posición relativa" de la representación. Por tanto si nos detenemos en algunas funciones y en el aspecto exte­rior, los representantes de hoy recuerdan mucho a los de ayer y de anteayer, pero si profundizamos el papel que ellos tienen en el sistema político emergen profundos cambios.

La segunda explicación es de orden se­mántico. En todas las lenguas europeas el verbo "representar" y el sustantivo "representación" se aplican a un universo bastante vasto y diverso de experiencias empíricas. Dada la polivalencia de la palabra es compresible por lo tanto, que tratándose de esa particular representación que es r. p. se Ilegue automáticamente a evocar una multiplicidad de significados. Es oportuno por tanto examinar sucintamen­te cuáles son los significados recaba­bles de las diversas acepciones de la pa­labra que se encuentran tanto en la esfera del derecho como en la de la política (los diplomáticos son “representantes'', el jefe de estado “representa” la unidad na­cional, etc.), pero también en experiencias bastante más lejanas, como la artística figurativa o la dramática. Sustituir, actuar en lugar de, en nombre de alguien; cuidar los intereses de alguien; reproducir, reflejar las características de alguien o algo; evocar simbólicamente a alguien o algo; personificar, tales son los principales significados. En la práctica pueden ser divididos en: a) significados que se refieren a una dimen­sión de acción —representar es actuar según determinados cánones de comportamiento; b) significados que se remiten en cambio a una dimensión de reproducción de propie­dades y peculiaridades existenciales —representar es poseer ciertas características que reflejan o evocan las de los sujetos u objetos representados. Esta distinción es impor­tante en cuanto pone en luz las dos polaridades entre las cuales se puede mover también la r. p. según las situaciones y su colocación en el sistema político.

Sin embargo, estas indicaciones no son de gran utilidad si antes no se identifica lo que diferencia la r. p. de las otras experiencias, o sea su propriurn. El significado de este fenómeno se manifiesta mejor si se observa cómo el régimen político se opone por un lado a los regímenes absolu­tistas y autocráticos, es decir desvinculados del control político de los súbditos, y por el otro a democracia directa, es decir el régimen en el cual en teoría debería desaparecer la distinción entre gobernantes y gobernados. El sentido de la r. p. está por lo tanto en la posibilidad de controlar el poder político atribuido a quien no puede ejercer el poder en persona. Así puede sa­tisfacer la exigencia de fundo que desde los primeros e inciertos orígenes rigió la institución de la representación, exigencia expresada por el medieval "quod omnes tangit ab ómnibus probari debet". En base a sus finalidades se podría por tanto definir la representación como un particular “mecanismo” político para la realización de una relación de control (regular) entre goberna­dos y gobernantes. Se debe partir de este nú­cleo para aclarar los diversos aspectos del fenómeno. ¿En qué relación están en las siguientes expresiones: representantes, function representative, estructuras de la representación, regimen representative? ¿Cuándo corresponden a estas expresiones no solamente inconscientes apariencias sino fenómenos reales de la vida política?

II. TRES MODELOS DE LA REPRESENTACION POLITICA

Por lo que se refiere al contenido de la función representativa y por lo tanto del papel de los representantes, en la literatura política han sido largamente discutidos tres modelos interpretativos alternativos. Ellos son: 1) La representación ano relación de delegación; 2) la representación como relación fiduciaria: 3) la representa­ción como “espejo” o representatividad sociológica.

En el primer modelo de representantes es concebido como un ejecutor, carente de iniciativa y de autonomía, de las "instrucciones” que los representados le imparten; su papel se acerca mucho al de un embajador. Este modelo es de origen medieval y las modernas constituciones estatales lo rechazan prohibiendo explícitamente el “mandato imperativo”. Se lo encuentra en cambio comúnmente en las organizaciones y comunidades internacionales, es decir en entidades políticas poco integradas.

El segundo modelo atribuye al representante una posición de autonomía y supone que la única guía para su acción es el “interés” de los representados como es percibido por él. Esta concepción de la representación era la expresada por Edmund Burke cuando en su Speech to the electors of Bristol describía el papel del representante como un trabajo de “razón y juicio” al servicio del “bien general” y no del simple “querer” y de los “prejuicios” locales.

El tercer modelo--el de la presenta­ción-espejo— se centra, a diferencia de los dos primeros, más sobre el efecto de conjunto que sobre el papel de los representantes individuales. Concibe al organismo representativo como un microcosmos que reproduce fielmente las características del cuerpo político; según otra imagen recurrente lo compara con un mapa geográfico.

Sin embargo todos estos modelos, considerados en su forma “pura”, plantean algunos grandes problemas. Se puede iniciar por el tercero, que presenta una problemática muy particular. Cuáles “características” del cuerpo social merecen ser reflejadas en el organismo representativo es naturalmente la primera pregunta que se plantea. Además de las más estrictamente políticas o ideológicas, pueden indicarse las características socioeconómicas, profesionales, religiosas, culturales, étnicas y raciales, y hoy también las diferencias de sexo; y la enumeración podría continuar. Los sistemas electorales proporcionales han sido eficaz instrumento institucional para realizar una reproducción bastante fiel de las primeras características. En cuanto a las otras el grado de representatividad cotejable en las instituciones representativas tienden a ser diferentes de los representados en relación con estas características, salvo cuando una de ellas se convierte en punto focal de conflicto político y es asumida como bandera por una organización partidaria. En este caso por tanto nacen los partidos obreros, agrarios, confesionales, étnicos, feministas; pero estas caracterizaciones bien marcadas al principio, con el tiempo sufren en general un fuerte debilitamiento. El hecho es que la representatividad sociológica, en relación con ciertos perfiles no “políticos”, choca con el proceso de profesionalización de la vida política que naturalmente toca también a los representantes limitando fuertemente las características que pueden asumir. Esta concepción de la representación peca además de estaticidad; concentrándose totalmente sobre la cuestión de la fidelidad de la “reproducción”, descuida el problema dinámico de la capacidad del órgano representativo de efectuar esa síntesis de los problemas particulares y de las diversas tendencias presentes en el cuerpo político, que es el presupuesto de su capacidad de gobernar. Parece por tanto más apta para un régimen político en el que la representación no ocu­pa una posición de centralidad, aunque tenga una función más secundaria de legitimación y de corrección del poder.

Los otros dos modelos, del representante como delegado o corno fiduciario, no son más que dos caras una misma moneda. El primero sin embargo puede vincularse en parte también al modelo de la representación-espejo; responde en efecto a una lógica análoga de la minimización de la distinción representantes-representados, pero llevado a otro nivel, o sea al de la acción sustitutiva de comportamientos, así como también el de la reproducción imitativa de características existenciales. Este modelo está ligado a un régimen de limitada y ocasional participación de los representantes en el proceso decisional de manera que su aplicación literal choca, en las condiciones políticas actuales, contra obstáculos casi insuperables. En primer lugar los represen­tantes, siendo también actores de las condiciones políticas, necesitan un margen de maniobra incompatible con la rigidez de un sistema de instrucciones vinculantes. Además, la atención de los representantes fren­te a la masa de los asuntos públicos es en general baja y éstos, por otro lado, por su complejidad, prestan no indiferentes dificultades de comprensión para el público; por tanto en gran parte de los casos faltarían al delegado las instrucciones o serían gravemente inadecuadas. Si éste es el cuadro general, sin embargo en determinadas situaciones, que por naturaleza lo permiten, el modelo de la representación delegación puede hallar una actuación parcial, y puede nacer en público la expectativa de que sea aplicado. Esto sucederá en general para grandes temas políticos respecto de los cuales pueden configurarse posiciones alternativas nítidas y bien definidas. Un ejemplo proviene de la tradición política inglesa en la cual los compromisos asumidos en el omento electoral por los candidatos y por los partidos sobre ciertos problemas políticos asumen carácter casi formal y vinculante; en estos casos la sanción electoral positiva corresponde a una “instrucción” o “mandato”. De todas maneras, en su forma pura también éste sigue siendo un modelo marginal y excepcional.

La alternativa tradicional de este concepción de la representación está encarnada por el modelo de “fiduciario”. Este modelo se presta en modo particular a variaciones con relación al tipo de “centro focal” preestablecido por la acción del representante. El representante, en su cuidado autónomo de los intereses, ¿debe tener como punto de referencia a su colegio electoral, una esfera territorial intermedia, o bien la nación entera; intereses particulares o bien el interés general? En general la elección de este modelo tiene en su base justamente la exigencia de superar la fragmentación particularista que inevitablemente surgirá de la representación “delegada”; por tanto a ella e acompaña casi siempre la indicación de la nación como centro focal de la representación (véanse los textos constitucionales desde la revolución francesa en adelante). El mayor problema que plantea este modelo es el de la posible no correspondencia de las percepciones que respectivamente tienen representantes y representados del interés de estos últimos. Tal modelo no ofrece en sí una solución satisfactoria a una situación similar de discordancia que es en cambio precisamente uno de los problemas cruciales de la vida política. En efecto, si nos basamos únicamente en el principio fiduciario, sin dar lugar a un elemento de control sobre el comportamiento del representante, se acaba por atribuir a éste un poder arbitrario que contrasta netamente con el que se vio era el sentido de la representación. En este punto podrá hablarse tal vez de gobierno iluminado pero ya no de gobierno representativo.

Un examen atento de la realidad de los sistemas políticos representativos permite darse cuenta de que ninguno de estos tres modelos encuentra una ejecución completa en su forma pura. En cambio, podría ser bastante exacto a nivel descriptivo definir al representante como un “fiduciario controlado que en algunas de sus características refleja las de sus electores”. Del modelo del fiduciario se extrae la indicación de la necesidad de un cierto margen de autonomía para los representantes que les permita una acción de respiro más amplio de lo que permitía la presencia del mandato imperativo. El modelo del delegado nos da en cambio el elemento del vínculo, al que en alguna medida debe estar también sometido el representante: sin tal elemento resultaría desnaturalizada la misma función de la representación que es justamente la de garantizar un cierto grado de control de los ciudadanos sobre el poder político. Pero un modelo realista y ejecutable no puede descuidar totalmente ni siquiera ciertos electos de representación sociológica, puesto que más allá de un cierto límite podría ser puesto en crisis todo el edificio representativo, golpeado en su legitimidad y credibilidad. En efecto, la representación-espejo parece responder a exigencias de orden simbólico y psicológico que, a ciertos niveles y en ciertas situaciones, pueden asumir notable importancia. Por ejemplo los grupos poco integrados, necesidad no sólo de representantes que “realicen su interés”, sino también de representantes en los cuales, por sus características personales, ellos pueden identificarse y a través de los cuales puedan por lo tanto sentirse “presentes” en la organización política.

Naturalmente no en todos los sistemas políticos, que también podemos definir como representativos, las proporciones de estos elementos serán iguales. Sin embargo, para cada uno de estos electos existe, aun cuando no es fácilmente determinable, un valor mínimo característico por debajo del cual la ejecución de la representación resultaría amenazada en su eficacia práctica o en su significado político en su legitimidad psicológica.

III. LAS ESTRUCTURAS DE LA REPRESENTACION

Por sí solos los datos del problema hasta aquí examinados no son suficientes. La prescripción de un modelo dado para la figura del representante y por lo tanto para la función representativa- prescripción contenida en normas constitucionales, sociales y de ethos político- es una parte importante pero no lo es todo en el fenómeno de la representación. En la experiencia política occidental moderna – y es la que se ha basado justamente en el concepto de r.p. – la representación, junto al aspecto “comportamentista” y “sociológico”, tiene también, y no sin motivo, un aspecto “estructural” que no puede dejarse de lado. Lo que se extrae de esta experiencia es que, sin una determinación clara y neta de las bases institucionales de la representación, no se puede tampoco confiar en una suficiente determinación del modelo funcional. No puede elaborarse un modelo de representación abstractamente sin tener en cuenta las posibilidades y los límites de los mecanismos institucionales que deben asegurar la ejecución de las solemnes prescripciones.

Es precisamente esta dimensión de procedimiento más aún que sustancial para distinguir la verdadera representación de otros fenómenos del pasado o de otros contextos políticos modernos para los que también se habla a menudo de representación, pero en un sentido que debe considerarse impropio. No es preciso olvidar que una larga tradición de pensamiento político (en la que halla lugar también un autor como Hobbes) ha visto en el soberano absoluto el “representante del país” entendido a éste como aquel que, habiendo recibido en confianza un país, es su responsable y cuida de sus intereses. Y sustancialmente a la misma concepción se remiten hoy jefes carismáticos, dictadores, partidos únicos que se autoproclaman representantes de los “verdaderos” intereses de los pueblos. Sin embargo no puede verse la distancia que separa de la nuestra a esta concepción de una representación no sujeta a controles institucionales y por lo tanto no garantizada. Para comprender esta diferencia puede ser útil recordar la distancia existente en el derecho privada entre la representación legal, que es la cual el representado es un sujeto perfectamente capaz de actuar y por lo tanto titular de un poder de control y de un derecho de revocación. El elemento fundamental del mecanismo de garantía de la representación está dado por las elecciones de los organismos parlamentarios (y en ciertos casos también de otros organismos políticos); la r.p. bien puede definirse por tanto como una representación electiva. No es suficiente sin embargo un tipo cualquiera de elecciones: debe tratarse de elecciones “competitivas” y que ofrezcan un mínimo al menos de garantías del proceso electoral no puede considerarse un instrumento de realización de la representación. En efecto, en un cierto punto la sustancia del voto no configura un juicio y una elección sino que se convierte pura y simplemente en aclamación o investidura plebiscitaria. Las elecciones desempeñan entonces funciones muy diversas, es decir de movilización del consenso y de legitimación. Permaneciendo en el campote las elecciones como un “juicio” y una “elección” debe observarse que juicio y elección se pueden ejercer tanto sobre personas como sobre programas y actos políticos. Evidentemente según el modelo de representación elegido se querrá hacer resaltar uno más que otros aspectos. En un caso el acento caerá sobre la elección personal de los representantes; en otro sobre la determinación preventiva de las decisiones políticas, casi una estipulación de compromisos vinculantes entre candidatos y electores; en otro sobre la acción general y a posteriori de control y sobre el efecto que de allí deriva de responsabilización de los actores políticos vis á vis de los interese de los representados. Dentro de determinados márgenes el mecanismo electoral puede ser “construido” de manera de reforzar uno u otro de estos aspectos. A esta exigencia responde la gran variedad de fórmulas elaboradas por la ingeniería electoral. Estos márgenes sin embargo no son hoy muy amplios; es preciso en efecto tener presente los “vínculos” impuestos al mecanismo electoral por una realidad política caracterizada por el sufragio universal en una sociedad de masas y por lo tanto por una mayor distancia entre electores y elegidos, por la expansión de la esfera de acción gubernativa, y por lo tanto por la creciente complejidad de los problemas políticos. Ahora bien, estos datos de hecho nacen hoy cada vez más marginales y precarios en el proceso electoral a los dos aspectos de la elección personal de los representantes y de la determinación preventiva de elecciones políticas.

Pero lo que más debe tenerse en cuenta es la importancia que en el proceso electoral, han sumido los partidos en calidad tanto d elaboradores y presentadores de programas políticos como organización de gestión política. Partiendo de este dato esencial se observa que un modelo realista de la representación, aun cuando contenga algunos elementos de los modelos ya examinados, deberá sin embargo colocarse en un plano sustancialmente diverso. Hoy el fenómeno de la r.p. debe ser considerado como un hecho global más que como una serie de relaciones de representación, recíprocamente independientes, instauradas entre los representantes y sus circunscripciones electorales. El mecanismo del que brota la representación es un proceso “en grande” de competición entre las organizaciones partidistas por la conquista o la conservación de las sedes parlamentarias y gubernativas, una competición reglamentada y que se desarrolla frente a un público con función de juez. En este cuadro el papel del representante individual no resulta definido de manera absolutamente unívoca, antes bien es susceptible de asumir formas diversas (según las disciplinas partidarias, las características de la competición electoral y la cultura política). En el proceso representativo se pueden ver en práctica dos secuencias-tipo: 1) electores-partidos-representantes individuales, 2) electores-representantes individuales-partidos. En la primera secuencia, hoy la más importante, la relación primaria se establece entre los partidos y el electorado; es directamente la “imagen partidista” que es presentada al juicio electoral y es sobre ella que se ejerce el control. Los representantes individuales tienen un papel casi ejecutivo. En la segunda secuencia, menos importante pero no insignificante, son en cambio éstos quienes constituyen l canal representativo entre el electorado (es decir sus órganos centrales de elaboración de la imagen partidista). En ambos casos, de cualquier manera, el papel de los representantes debe estar relacionado al de los partidos. El núcleo fundamental de la representación está en “responsabilidad” periódica a que están sujetos los actores políticos en competencia (los partidos). Responsabilidad quiere decir llamado a responder, a rendir cuentas de sus acciones entre aquellos que tienen el poder de designación. Que esta responsabilidad vale por todo un conjunto bastante genérico de comportamientos y no por cada acto particular de lo actores políticos, por toda una sección de clase política y no por cada persona individual, debería darse por descontado después de los que se ha dicho. El foso de desinterés e ignorancia política que divide a los gobernados de los gobernantes, las cortinas de humo más o menos densas que todo poder se rodea no permiten mucho más.

En síntesis, se podría definir a la r.p. como “un sistema institucionalizado de responsabilidad política, realizada a través de la designación electoral libre de ciertos organismo políticos fundamentales (en su mayoría los parlamentos)”

IV. REPRESENTACION Y SISTEMA POLITICO

Hasta aquí la representación ha sido examinada como un fenómeno en sí, pero evidentemente el cuadro no puede corresponder plenamente a la realidad hasta que no analice la inserción de la representación en la compleja red institucional de un sistema político. Este tema tiene dos caras: se trata por una parte de las condiciones de la representación sobre las otras instituciones políticas. Dada la naturaleza de los procesos institucionales de la representación deben considerarse favorables a todas las condiciones que actúan en el sentido de un alto grado de publicidad en los asuntos públicos y de comprensibilidad de los mismos a los ciudadanos, e invirtiendo la perspectiva, todas las condiciones que hacen conocibles a la clase política las actitudes del público. La representación está en efecto estrechamente ligada a un proceso de doble sentido de comunicación de los mensajes políticos. Depende por tanto de todos los canales de información recíproca y es sensible a todas las perturbaciones que se producen en este campo. La representación presupone luego un complejo de derechos políticos (libertad de imprenta, de asociación, de propaganda, etc.), que permitan la formación y la manifestación de voluntad política de los representados. Aún más arriba están ciertos factores culturales. La presencia en el público de una cultura política “participante” en lugar de “pasiva”, y en las clases políticas de una cultura democrática y flexible en lugar de autoritaria y dogmática, facilita indudablemente el funcionamiento de la representación. Una ulterior condición favorable esta constituida por la presencia de élites políticas alternativas, es decir capaces de ofrecer un recambio a las que detentan el poder y por ende asegurar la dinámica competitiva a la que está muy ligado el mecanismo representativo.

En cuanto a la relación entre representación y sistema político, tiene una importancia determinante porque permite hacer la distinción entre regímenes políticos representativos y regímenes políticos no representativos y verificar la validez del criterio de discriminación entre lo que no lo es. En definitiva es sobre este plano que debe conducirse la comparación entre la concepción enunciada de la representación, es decir la predominante en la cultura política occidental, que basándose en las elecciones es una concepción de procedimiento, y las que oras culturas y otros sistemas políticos le oponen y que son en cambio en su mayoría concepciones sustanciales. ¿Es posible hablar de régimen representativo aun fuera de esos procedimientos electorales, de los requisitos bien precisos, que sustentan la representación de la que se habló? Efectivamente, aun fuera de esas limitaciones se verifican fenómenos que representan analogías con el de la representación. Puede darse el caso de regímenes donde el poder político obra (o considera, o pretende obrar) en tutela de los intereses del público; y en todos los sistemas políticos existen algunos grupos que al menos con una acción de presión tratan de obtener la toma en consideración y la satisfacción de sus intereses, o de determinar la sustitución de los gobernantes. Y así existen regímenes que gozan de un alto nivel de legitimidad y de aceptación por parte del público. Y todo eso aun sin elecciones competitivas. Para tener en cuenta la analogía con ciertos efectos de las instituciones representativas puede llegarse a definirlos cono “fenómenos representativos”. Sin embargo, puede y debe fijarse una línea de división entre regímenes no representativos y regímenes representativos; en base a ella se justifica también la distinción entre “fenómenos representativos” y sin representación entendida como un sistema institucionalizado de responsabilidad electoral. Estas dos distinciones están en planos diversos pero son estrechamente interdependientes, de modo que las alternativas posibles que de ellas nacen dos. Por un lado tenemos la posibilidad de efectos representativos pero con carácter ocasional y de precariedad porque no están garantizados por mecanismos institucionalizados; no podrá hablarse por lo tanto de régimen representativo ni tampoco de r.p. sin ulteriores especificaciones, puesto que falta la correspondencia a la lógica causal de la representación que quiere la institución de un poder de control de los ciudadanos sobre el funcionamiento del régimen político. Por otro lado se tiene la representación basada en procesos estabilizados y, en la medida en que eso le permite tener un papel central y significativo en el ámbito del sistema político, que resulta construido en torno a ella (las otras estructuras políticas) deben sufrir el control de los organismos representativos y obtener de ellos su legitimación), se podrá hablar de un régimen político representativo.

V. CONCLUSION

En conclusión los regímenes representativos son los regímenes políticos que reciben de la representación una caracterización decisiva. La representación, a su vez, es un fenómeno complejo que en su núcleo consiste en un proceso de elección de los gobernantes y de control sobre su obra a través de elecciones competitivas. La complejidad de la representación ha hecho así que algunos critiquen el uso de este concepto y propongan desmembrarlo. En lugar de representación, debería hablarse por lo tanto de selección del liderazgo, delegación de la soberanía popular, legitimación, control político, participación indirecta, transmisión de las demandas políticas; se usarían así conceptos más simples y susceptibles de una intrerpretación más unívoca. A esta tesis replicarse que el concepto de representación sigue siendo útil justamente como concepto sintetizante de un fenómeno político que es ciertamente complejo en sus elementos constitutivos, pero es al mismo tiempo unitario en sus finalidades, en su lógica casual.

BIBLIOGRAFIA.
G. Leibholz, Das Wesen der Repräsentation und der Gestaltwndel del Demokratie im 20 Jahrhundert, Berlín 1966; H. Pitkin, The concepto r representation, Bekerley, 1967; G. Sartori, Sistema rappresentativi, en Democracia e definizioni, Bolonia, 1969.

(Maurizio Cotta)

CONFLICTOS SOCIALES : LAS RELACIONES DEL EJECUTIVO CON LAS REGIONES.

 

Las relaciones entre el Ejecutivo y los gobiernos regionales han estado marcadas en los últimos meses por reiterados choques y desencuentros, que se suman a la conflictividad que se observa en muchas de ellas, como lo evidenciaron los sucesos de Moquegua. Las recurrentes críticas de las figuras más visibles del gobierno, en especial del Presidente, a la gestión de las autoridades subnacionales a lo largo del año pasado parecieron ceder en intensidad y adjetivos tras la reunión que tuvieran a inicios de éste Alan García y la Asamblea de Gobiernos Regionales. Sin embargo, las moderadas expectativas que suscitó este evento sobre las posibilidades de una relación de diálogo de cara a la urgente e indispensable agenda de la descentralización, se disiparon rápidamente y dieron lugar a una sucesión de pugnas. Las disputas generadas por el gobierno nacional a través de distintas normas que buscan “consagrar” el modelo económico han sido innumerables. Para que no queden dudas sobre de dónde vienen los tiros, el congresista oficialista José Vargas presentó un proyecto legislativo para permitir la “intervención” de los gobiernos regionales.

Un gobierno sin norte claro en la descentralización

Del discurso pronunciado por Alan García en julio de 2006, en el que anunciaba que quería “cogobernar con los 1.800 alcaldes y los presidentes regionales”, no queda mucho. El “shock de inversiones” que se materializó en la Ley 28880, y que autorizó un crédito suplementario de 1.937 millones en el presupuesto de ese año, 87% de los cuales debían ser ejecutados por el gobierno central, naufragó por la incapacidad estatal que solo pudo girar —ni siquiera gastar— el 25% de tales recursos

Del posterior “shock descentralista” de octubre de ese año, que establecía veinte medidas para adelantar en la descentralización, apenas se han cumplido seis y siguen pendientes cuestiones centrales como la transferencia de las 185 competencias comprometidas para diciembre de 2007 y la descentralización fiscal, en la que no se ha avanzado nada sustantivo.De los pilotos de municipalización de la educación no queda mucho más que los conflictos puntuales que se abrieron distintos alcaldes en sus localidades, con el sindicato magisterial que rechazó la medida. Por si fuera poco, se siguen omitiendo temas neurálgicos para el proceso, entre los que destacan la necesidad de su conducción concertada, hoy día en manos del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Descentralización de la PCM, la implementación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, la indispensable reforma del Estado, la redefinición de los roles de los distintos niveles de gobierno y la consolidación de la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública. En otras palabras, a lo largo de este tiempo el gobierno aprista demostró su falta de voluntad política, de propuestas claras y de capacidad de gestión en ésta, como en otras materias.

La asamblea de gobiernos regionales: un actor emergente sin la fuerza suficiente

Los resultados electorales de noviembre de 2006 generaron un escenario particularmente difícil para el gobierno en lo que concierne a la descentralización. La victoria de agrupaciones regionales en diecinueve regiones (65%) y la derrota aprista (que pasó de gobernar doce regiones y 34 provincias a hacerlo en apenas dos y quince respectivamente) obligaban a un manejo sistemático y cuidadoso de la descentralización y de las relaciones con las autoridades subnacionales. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario y desde un primer momento se sucedieron las declaraciones del Presidente de la República y de distintos funcionarios sobre la incapacidad de gasto de los gobiernos regionales y las limitaciones de sus burocracias, además de distintos intentos de afectar parte de los recursos del canon para entregarlos directamente a las familias de las zonas beneficiadas, lo que evidenciaba una estrategia orientada a «congelar» la descentralización aprovechando un escenario marcado por la fragmentación social y política, la falta de oposición consistente y la debilidad aprista en el interior del país.

La desactivación del CND alentó la constitución de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Integrada por todos los presidentes de región, esta aspira a convertirse en el principal interlocutor político del gobierno en el proceso. Con un núcleo más activo, en el que sobresalen cinco o seis de ellos (Simon, su actual presidente por unos días más, Huaroc, Coronel, Villanueva y Guillén), aunque no ha resuelto el tema de su institucionalidad, ha avanzado en la producción de distintos instrumentos y propuestas —destacan las referidas a legislación fiscal y agenda legislativa, así como las vinculadas a electrificación rural, programas y presupuesto complementario en los sectores salud y educación y su posicionamiento frente al Sistema Nacional de Inversión Pública— y ha logrado reunirse ya en dos ocasiones con el gobierno nacional, que no puede disimular su incomodidad por el intento de articulación de los gobiernos regionales y prefiere “negociar” bilateralmente con ellos, como lo ha hecho en los casos de Piura, San Martín, Cusco y Arequipa.

Es claro que entre los integrantes de la Asamblea existen orientaciones y tonos marcadamente diferenciados. En un extremo, están los presidentes apristas de Piura y La Libertad, acompañados por Kouri y Salas, guardando silencio ante los conflictos entre el gobierno nacional y el interior del país; en el otro, se ubica Hernán Fuentes, convencido de que la radicalidad de su discurso y sus gestos le permitirá sobrevivir como autoridad regional a pesar de su incompetencia en la región más fragmentada. Entre ambos polos, se ubica el presidente de la Asamblea tratando de afirmar un liderazgo que pretende ser nacional y busca conducir la respuesta del gobierno central. En otras palabras, aunque avanza en una agenda compartida, lo que sin duda es importante y le da cierta capacidad de presión, la Asamblea está lejos de consolidarse como un espacio sólido. La heterogeneidad de su composición, pero también la competencia por su liderazgo conspiran contra ese objetivo. La deplorable respuesta de los presidentes de Cajamarca y Junín cuando el gobierno “castigó” a Cusco suspendiéndolo como una de las sedes de APEC se inscribe en esta perspectiva¹.
Más profundamente, los intereses particulares de las distintas regiones, en especial aquellos ligados a los recursos del canon, enfrentan a unas autoridades con otras. El gobierno regional del Cusco está en conflicto con los de Ayacucho y Huancavelica por el gas de Camisea; el de Puno amenaza a Tacna y Moquegua con el control del agua, y el presidente de Cajamarca se afirma en la defensa irrestricta de los fondos resultantes de la explotación minera en su departamento. Sin capacidad para avanzar en una posición política compartida frente al gobierno nacional —exigir, por ejemplo, que la presión tributaria llegue al 18% establecido en el Acuerdo Nacional o presionar para que el MEF haga transparente el uso del 50% de los recursos fiscales que pagan las empresas mineras y petroleras que no se entregan como canon—, sus limitaciones y silencios resultan evidentes.

La conflictividad entre el gobierno nacional y las regiones se multiplicó en los últimos tres meses.
Los enfrentamientos, que tienen en la base distintas razones estructurales —las brechas entre Lima y el interior que, lejos de acortarse, se ahondan; la incapacidad del Estado para responder las demandas provincianas; la reconcentración de importantes decisiones y una política económica excluyente asumida como dogma por un gobierno que ofreció el cambio responsable—, van más allá de una disputa por competencias con las autoridades subnacionales y se expresan también en las encuestas de opinión. Ipsos Apoyo Opinión y Mercado, en su última encuesta, registra la caída de la aprobación de la gestión presidencial a 30% nacionalmente, la cual llega apenas a 7% en el Sur, 11% en el Oriente, 30% en el centro y 26% en el norte, mientras que en Lima alcanza el 39%.

En los últimos meses, distintas decisiones gubernamentales originaron la protesta de las autoridades subregionales y, en muchos casos, importantes movilizaciones y paralizaciones que no están necesariamente vinculadas a ellas y que son parte de las presiones con las que tienen que lidiar cotidianamente. Por su duración, la más visible fue la relacionada a la contratación de nuevos profesores en las regiones. El ministro de Educación generó el conflicto al publicar el DS 004-2008-ED que limitaba la contratación a aquellos maestros que hubieran culminado sus estudios en el tercio superior bajo el supuesto de que por esa vía se mejoraría la calidad del sistema. La medida, que debía ser aplicada por las autoridades regionales, fue rechazada y en varios casos se aprobaron ordenanzas en sentido contrario, lo cual descalificaba directamente al propio Ministerio.
Como lo señaló la Defensoría del Pueblo, se trataba de una medida inconstitucional y discriminatoria de dos terceras partes del magisterio. Su improvisación era evidente no solo por no existir un sistema de control de calidad de las universidades y los institutos pedagógicos sino también porque rompía los criterios tanto de la Ley General de Educación como los de la propia Ley del Profesorado de este gobierno. Tras varios días, el conflicto fue resuelto el 19 de febrero con el acuerdo entre el Premier y veinte titulares regionales opuestos al decreto, quienes establecieron un examen único para los profesores postulantes y procedieron al nombramiento de aquellos que lograran una calificación de 14 o más hasta completar el total de las vacantes, pudiendo participar en el proceso de contratación los maestros que obtuvieran nota aprobatoria. El gobierno se vio obligado a retroceder y a reconocer que los gobiernos regionales están también interesados en mejorar la calidad de la educación.
En el caso de la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería, promovida por el propio García, se trata de cambiar la posibilidad de concesionar tierras forestales sin cubierta boscosa y de dominio del Estado por la de venderlas a personas y empresas nacionales y extranjeras, en nombre de la generación de empleo. La intención presidencial fue rechazada por varios sectores. Los presidentes regionales de San Martín, Amazonas, Madre de Dios, Loreto y Ucayali, tras dialogar con el Premier, lograron el compromiso de que la norma garantizaría la intangibilidad de las tierras de comunidades nativas y campesinas y les otorgaría a los gobiernos regionales la potestad de optar entre la venta y la concesión. Las organizaciones sociales de esas y otras regiones exigieron la anulación de la iniciativa por medio de la realización de un paro que afectó diversas zonas del país y que tuvo pasajes de mucha violencia en Pichanaki, donde seis campesinos fueron heridos en el enfrentamiento con la policía. Ahora, el Congreso tendrá que resolver el futuro de la propuesta.
En el caso de la norma referida al patrimonio cultural, luego de las críticas y la protesta de distintos presidentes regionales, las organizaciones sociales cusqueñas, agrupadas en la Asamblea Regional, protagonizaron un paro de 48 horas. La modificación de la norma, que garantiza la decisión de los gobiernos regionales en el permiso para la construcción de hoteles y restaurantes en zonas adyacentes al patrimonio cultural, no logró calmar las agitadas aguas cusqueñas que, con su intransigencia, evidenciaron, además de los problemas de la actividad turística en esa región, su desconfianza en sus propias autoridades. Su aislamiento posterior no supone la solución del problema.
Finalmente, la publicación del decreto legislativo 1015, que afecta el derecho de propiedad de las tierras de las comunidades campesinas y nativas, sorprendió porque, semanas antes de su promulgación, un texto idéntico, presentado como proyecto de ley 1992 al Congreso, fue rechazado por una Comisión y estaba a punto de correr idéntica suerte en otra. Su aprobación por el Ejecutivo, en el marco de las facultades delegadas por el Parlamento Nacional para la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, tiene rasgos de saña y alevosía

Los sucesos de Moquegua

En este escenario, los sucesos de Moquegua, que terminaron con la toma del puente Montalvo y la captura de un general de la policía, muestran otra dimensión de la complejidad de la conflictividad regional. El enfrentamiento evidenció las dificultades y el desinterés relativo del gobierno para atender la creciente protesta social que se observa. El conflicto, que era previsible, creció hasta adquirir gran magnitud ante la indolencia estatal. En su base, se encontraba una norma vigente desde hace varios años que establece el monto a distribuir por concepto de canon minero a partir del material removido y no del mineral producido. Este criterio, a todas luces erróneo, fue aceptado por todas las partes hasta que los moqueguanos percibieron que les estaban “quitando” 300 millones, porque Cuajone entrega más cobre pero Toquepala (Tacna) mueve más tierra... llevándose mayores recursos.
La disputa, en un contexto en el que las demandas redistributivas están a flor de piel en las regiones del país, estaba cantada. El Ministerio de Energía y Minas, pero también el Ministerio de Economía y Finanzas pudieron advertirla desde meses atrás. Los congresistas de la región, una de ellas aprista, se agotaron en sus gestiones para atenderlo; la unidad de prevención de conflictos de la PCM no lo advirtió y la inteligencia del Ministerio del Interior tampoco. Negociada la solución tras varios hechos violentos, el Presidente calificó de delincuentes a los mismos con los que dialogó su gobierno, prolongando indefinidamente la conflictividad por la amenaza de su judicialización.
Más allá de la articulación lograda en la acción colectiva, los sucesos mostraron la fragmentación social y las tensiones que existen en todas las regiones. La protesta fue inicialmente convocada por el Frente de Defensa, organización intermitente liderada por un ex funcionario de la anterior gestión regional, que logró sumar el descontento de distintos sectores sociales con una gestión regional que no logra traducir los “beneficios” del canon, que generan grandes expectativas, en mejoras en la calidad de vida de la población. Las autoridades, que responden a distintas agrupaciones regionales y provinciales constituidas para las elecciones de 2006, optaron por viajar a a Lima para presionar por la solución al problema, lo cual dio la impresión de que encabezaban un movimiento que no lideraban. El Frente, a su vez, se vio superado por una masa movilizada que desbordó sus expectativas y su limitada capacidad de conducción. La negociación, ante la falta de interlocutores calificados, es decir, de dirección real del movimiento, no fue satisfactoria para los intereses que la motivaron, al extremo que el congresista Zevallos no suscribió el acta final y expresó públicamente sus reservas.
Los posibles costos finales del hecho no han sido cabalmente analizados. Es claro, sin embargo, que las autoridades regionales y la mayoría de alcaldes provinciales terminan con su legitimidad aun más debilitada. El Frente de Defensa sale sin una conducción clara y con potenciales disputas por los resultados de la negociación. La inestabilidad política de la región se acrecentará, como lo hará el sentimiento localista de “propiedad” de recursos naturales y de los “derechos” generados por estos, lo que alentará nuevos conflictos. Tacna, que se verá afectada con la modificación normativa, ya anunció su movilización en defensa de “sus” derechos, mientras el presidente de Puno advierte que exigirán compensación por el uso de “su” agua…

Un patrón constante

La conflictividad reseñada muestra un mismo patrón: un gobierno que adopta medidas polémicas sin consulta alguna; autoridades regionales que critican y se oponen a muchas de ellas y buscan, sin éxito las más de las veces, canales de diálogo para resolver las diferencias, tratando de responder simultáneamente a su precario orden interno; organizaciones sociales fragmentadas y dispersas que se articulan en la protesta; el gobierno nacional que descalifica a las autoridades y movimientos del interior del país sin entender sus argumentos; protestas que se radicalizan muchas veces y que terminan en enfrentamientos violentos; finalmente, negociaciones parciales que postergan la causa de los conflictos y crean condiciones para otros nuevos

Más allá de la improvisación de muchas de las medidas gubernamentales y de la creciente incapacidad de gestión que muestran los distintos sectores, da la impresión de que lo que se pretende es «descentralizar» la conflictividad de las relaciones con distintos actores sociales. Si esta tendencia se acentúa, el gobierno les dará la razón a quienes están convencidos de que quiere acabar con la descentralización, porque antes que en transferir competencias y funciones, recursos y capacidades, parece interesado en descentralizar problemas y conflictos. Su intolerancia revela un afán de enfrentamiento e imposición con los gobiernos subnacionales, a los que se llega a amenazar con la intervención.
Desde el lado de las regiones, cabe preguntarse por el futuro de la Asamblea de Gobiernos Regionales y por su posibilidad de cumplir un rol político nacional. Es claro que este espacio ha dado algunos pasos importantes que, sin embargo, no logran disimular su heterogénea composición y sus debilidades. La disposición al diálogo y a la propuesta, a la búsqueda de canales de negociación y resolución de los conflictos que muestran algunos de sus voceros más calificados contrasta enormemente con la intransigencia y la irresponsabilidad de algunas autoridades regionales —curiosamente las que obtuvieron menor votación—, que parecen convencidas de que existe una relación directa entre enfrentamiento y obtención de créditos políticos. Mientras este espacio no avance en fortalecer su institucionalidad y se cohesione alrededor de una agenda de mediano y largo plazo, se verá debilitado ante la opinión pública y en su capacidad de interlocución con el gobierno nacional, lo cual limitará su posibilidad de intervenir con éxito en la marcha de la descentralización y en la definición de las políticas que el país requiere.

NUNCA DIGAS SIEMPRE

Un chico y una chica se conocen en una fiesta. Conversan durante horas. Se gustan. Antes de retirarse ÉL le pide el número de teléfono y a los pocos días la llama para invitarla a salir. Salen. A la segunda salida se dan un beso. Sin habérselo propuesto y del modo más natural, salen durante una, dos semanas. Cada vez se gustan más, se besan y abrazan con fuerza, se desean. Un viernes, después de ir a bailar, al cierre de la madrugada, hacen el amor en un hotel y les resulta sensacional. Salen durante uno, dos meses. Actúan como enamorados. Se telefonean cada dos días y se monitorean con mensajes de texto. Una noche, en la cama, en medio del fragor de la excitación, ELLA le dice a boca de jarro que lo ama. Es evidente que está más enamorada que ÉL (siempre hay uno que se enamora más que él otro). ÉL no quiere decirle que la ama, pues no está seguro de sentirlo, pero ahí, montado sobre ELLA, entrando y saliendo de su cuerpo, a punto del orgasmo, cree amarla y –pum– se lo dice balbuceándolo en su oído. ELLA no olvidará ese momento.
Progresan y continúan saliendo. Se sienten muy afines. Son casi una pareja formal, aunque nunca hayan formalizado su relación con preguntas obsoletas (aunque útiles) como “¿quieres estar conmigo?”. Mientras más sexo tienen, ÉL se siente más compenetrado, más protector, más seguro. Entonces se tuerce la llave del destino por primera vez: ÉL deja salir al duende romántico que tenía exiliado en una gaveta de su cerebro y empieza a escribir poemas, a componer canciones, a hacer regalos de todo pelaje y, sobre todo, a decir un montón de frases hermosas y grandilocuentes que –aunque son coyunturales– llevan el peligroso eco de lo eterno.
“Siempre te voy a amar”, le dice ÉL una tarde, a la salida del cine. ELLA lo abraza y deja caer un leve lagrimeo. No soporta tanta felicidad. Cree que, efectivamente, esas cinco palabras son la garantía de que ÉL nunca se irá de su lado. No sabe que esa frase (siempre–te–voy–a–amar) es solo un impulso, un hipo, un arranque honesto y bien intencionado, pero nada más. Decirle a alguien “siempre te voy a amar” es tan precipitado como asegurarle que dentro de dos semanas un camión cisterna se estrellará contra su casa, o que un aerolito caerá dentro de un año en su jardín.
Lo que ÉL ha debido decirle, en todo caso, es algo así como “hoy, aquí, mientras estamos saliendo del cine, acaso inspirado por la película romántica que acabamos de ver, siento que algo de mí te ama”. Pero, claro, nadie dice esa cosa tan ponderada, desmenuzada, racional y aburrida. A todos nos gusta soltar la lengua, creernos los actorcitos, irnos de muelas y empapelar nuestras relaciones con tempranas sentencias que, más tarde, cuando el amor pasional desfallece y aparecen las dudas, regresan como un boomerang a pegarnos en la cara. No es que las palabras y promesas carezcan de sinceridad, sino que sufren de tremendismo.
ÉL y ELLA siguen juntos cuatro, cinco, seis meses. Están relativamente bien. Ya no tienen tanto sexo volcánico como al inicio, ni van tanto al cine, pero, bah, son otros los lazos que los unen (si le preguntaran a ÉL, diría que los une la libertad incondicional; ELLA, en cambio, diría que los une la proyección, el futuro). De pronto, un día, ELLA plantea la formalización. Quiere que se coloquen mutuamente el cartel de ‘enamorados’ delante de toda la platea de amigos, parientes y demás. Ya basta de ser amigos que se acuestan. Si les ha ido bien hasta ahora, por qué no dar otro paso, piensa. Ahí se produce la segunda vuelta de tuerca: ÉL deja salir al mono neurótico que escondió en algún lado de su inconsciente y se asusta. Se resiste a cambiar las cosas y da un paso al costado. Le dice que no, que están bien juntos mientras sigan sujetos a su libre albedrío. ELLA llora y le recuerda, una por una, todas las cosas que le dijo al inicio, todas las promesas, todos los regalos, pero sobre todo le recuerda el bendito día en que, a la salida del cine, le dijo “siempre te voy a amar”. ¿Dónde estaba ahora ese ‘siempre’? ¿Acaso había sido mentira? ¿En qué momento se evaporó el amor desquiciado y revoltoso de las primeras semanas?
Cuando escucho historias como esa (y vaya que las escucho seguido), enseguida pienso que las palabras que decimos son como grilletes que, sin saber, nos vamos ajustando en las muñecas y en los tobillos. Cuando tratamos de liberarnos y recuperar la soltería, esas palabras cobran vida y no nos permiten fugar. Son como plantas carnívoras que nos mordisquean para que no olvidemos que nosotros les dimos vida al pronunciarlas tan impunemente.
Nuestra pareja nos torturará mostrándonos, subrayadas si es preciso, las cartas de amor que les escribimos, los mails entrañables que les mandamos, el inspirado verso que una noche compusimos en una servilleta de restorán. Como un ama de casa enfurecida que castiga a su perro arrastrándolo hasta la sala para que huela la mancha de orina que traviesamente dejó, así, igualito, nuestra chica nos refunfuñará para que no volvamos a prometer lo que no estamos en capacidad de cumplir.
¿Cuántos de ustedes, lectores rasguñados, han repasado, una por una, las cartas y correos que una ex les mandó? ¿Cuántas veces la han puteado con el alma por haberles dicho esas palabras preciosas que luego, como por arte de magia, se hicieron aserrín? O al revés: ¿Cuántos de ustedes han tenido que pedir perdón, cabizbajos, por no haber podido sostener en el tiempo una frase memorable que, en su momento, fue dicha con el corazón en la mano? ¿No les parece extraño que las mismas palabras que sirvieron para unir al final estimulen el distanciamiento?
Creo que el diccionario amoroso va variando en la medida que los sentimientos se transforman. Hay quienes afirman que el amor –es decir, el fogonazo, la pasión química que hace posible cualquier relación– dura solo unos pocos años. Cuatro, a lo mucho. Es como una gasolina de alta viscosidad que nos hace arrancar a velocidad hasta que un día, en medio de la nada, se agota. Por eso es sano pensar que el amor, igual que el combustible, no dura para siempre. Una vez que los músculos del corazón se relajan, son otros los afectos en juego: la amistad, la lealtad, la aclimatación a la costumbre, pero también el desapego, la rutina, el hartazgo, la indiferencia.
¿Cuánto dura el amor? No tengo idea. Cuando veo que hay abuelos que aún consiguen mirarse con ternura mientras celebran sus bodas de zafiro, oro, diamante y demás piedras preciosas, pienso que el amor es una preciosa y escasa virtud. Sin embargo, en la mayoría de historias esa magia se oscurece: las parejas se rompen; los matrimonios fracasan fulminados por las crisis; los casados recomiendan a los solteros mantenerse fuera; el divorcio se populariza. No entiendo. Pareciera como si el amor –o eso que juntó a un hombre y una mujer en un primer momento– ahora los agotara y los destruyera lentamente, como una droga: que te hechiza primero solo para matarte después.
Por eso –por el daño que pueden hacer involuntariamente ciertas frases y palabras– es que pienso que los discursos que los novios están obligados a pronunciar en la misa nupcial deberían revisarse a fin de estar cargados de un poquito más de realismo. No quiero sonar insolente, pero si me dieran a mí esa tarea, cambiaría muchos términos e incorporaría nuevas expresiones para aliviar la carga.
Para empezar, eso de “yo te tomo a ti como mi esposa” suena mal. Suena a que la otra persona es un jugo de naranja o una bebida hidratante. No, pues. Debería ser: “a partir de ahora eres mi esposa y yo asumo las consecuencias de eso”. Punto.
Segundo, eso de “prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida”, es tremendamente abusivo. El solo hecho de decirlo ya cansa, agota. Decirlo equivale a hacer cinco horas de spinning. Te quedas sin aire. Además, no es cierto. Para hacer honor a la verdad, uno debería decir: “intentaré serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad (siempre y cuando esté médicamente comprobada y no sea producto de un engreído arranque hipocondríaco). También intentaré amarte y respetarte algunos días de mi vida, no todos, porque algunos días te odiaré y querré que desaparezcas. Eso en cuanto a los días. De las noches, mejor no hablemos”.
Esas frases son algo más verosímiles. Traslucen mejor lo que ocurre en la vida de un casado (y lo digo habiendo recogido decenas de indicios y testimonios con el mejor ánimo periodístico).
Como si arriesgar todas esas promesas fuera poco, el sacerdote obliga a los novios a reafirmar sus palabras. Eso también tendría que modificarse, digo, en nombre de la calidad de vida de la pareja.
El cura te habla del amor en la prosperidad, en la adversidad, en la riqueza y en la pobreza. Ahí –con el perdón del protocolo eclesiástico– convendría hacer algunas precisiones. Si uno va a empeñar su palabra infinitamente, que sea bajo circunstancias creíbles. Uno debería poder decir: “te amaré en la prosperidad y en la riqueza, siempre y cuando no abuses con frivolidad de las tarjetas de crédito; y te querré mucho en la pobreza y en la adversidad, en la medida en que no me pidas que te entregue el total de mi magro sueldo, porque necesitaré tomar un trago con mi patas de vez en cuando”.
El momento más cinematográfico de todos es cuando el clérigo, con voz ronca y estentórea, dice que los novios a partir de ese momento deberán estar juntos “hasta que la muerte los separe”. Uf. Qué responsabilidad. Hasta que la muerte los separe. ¿No es demasiado concluyente ese mandato? Humildemente, creo que uno no puede aceptar una unión en esos términos tan definitivos. Se debería precisar, primero, qué muerte es la que puede ser causal de separación: ¿solo la muerte física? ¿Y qué hay de la muerte emocional? ¿Qué hacer cuando se muere el amor? ¿Qué hacer cuando se muere la seducción y el erotismo? (Recuerdo un chiste corto: una noche, una mujer le dice a su esposo de 30 años “lo que ayer nos unió hoy no–se–para”).
¿Cómo actuar cuando la pasión es incapaz de convertirse en algo sustantivo por lo que valga la pena seguir juntos? ¿No es algo hipócrita mantener una convivencia mediocre, vacía, infeliz solo para no contradecir la promesa que se plantó delante del altar ante cientos de invitados?
Uno recurre a las palabras para definir un sentimiento puntual. Si el sentimiento cambia, las palabras deberían cambiar en igual velocidad. Ese es el problema. Nos demoramos en actualizar las palabras. Nos quedamos callados demasiado tiempo por el miedo a defraudar, no solo defraudar a la persona que tenemos en frente, sino por el terror que significa defraudarte a ti mismo.
Hace poco, un amigo, Marcelo –cuyo padre se separó de su mamá cuando él era niño– me contó así la decisión que había tomado de no separarse de la madre de su hijo: “No puedo divorciarme. Cuando mi hijo nació le prometí en silencio que su papá y su mamá siempre estarían juntos. No puedo fallarle. Yo no quiero ser como mi papá”. Yo me quedé absorto. Nuevamente era testigo de cómo las palabras del pasado capturaban a una persona que quería ser libre. Su matrimonio se caía a pedazos, pero él, por honrar un juramento que hizo en un momento de evidente felicidad, decidía inmolarse.
Las palabras de amor ampulosas son un juguete peligroso. Por eso, más que obedecer el dicho popular que aconseja “nunca digas nunca”, habría que considerar esta variante: “nunca digas siempre”.
No sé si sea cosa de los dos géneros. A veces pienso que los hombres somos unos parlanchines de mierda. Las mujeres son más auditivas. Nosotros ponemos Play y empezamos a lanzar todo tipo de ofertas y proposiciones sentimentales, en una suerte de acecho retórico. Ellas, más cautas, ponen Rec y graban todo en la memoria de su oído.
Muchas veces he sido víctima fatal de mis palabras. Me enamoraba de una chica y ellas salían de mi boca automáticamente, como mariposas amaestradas. Juro que lo hacía con honestidad, porque con ellas podía verbalizar un sentimiento profundo y genuino. Pero cuando el tiempo pasaba y algo variaba mis emociones, ya no podía decir las mismas palabras. Por más que me esforzaba, ellas se quedaban atragantadas en la campanilla de la garganta. Entonces, ocurría lo clásico: la chica se iba, yo me quedaba solo y me sentaba a escribir: a escribir esas mugrientas palabras que no me había atrevido a pronunciar.

PD: Gracias Toño por compartir estas cosas comigo.